Por: Cristián Sáez Cáriz, Licenciado en Sociología U. de Chile; Magister en Gerencia y Políticas Públicas UAI
A nivel mundial, se dispone de un 2,5% de agua dulce superficial y subterránea, el aumento del consumo se estima de un 30% al 2030 y el déficit proyectado a igual fecha asciende a un 40%.
El impacto del cambio climático es una tendencia indesmentible. El déficit hídrico en la zona centro – norte de nuestro país y muy especialmente en nuestra región es un hecho. Este escenario, nos anticipa una alta presión por el acceso al recurso hídrico y por participación de los ciudadanos que se encuentran en territorios afectados.
Esta presión, se ha traducido y traducirá en un conflicto socioambiental de proporciones de no intervenir oportunamente.
Los actores del Estado, empresarios y sociedad civil se han visto enfrentados en cuencas y subcuencas con déficit hídrico. La pregunta es ¿ Qué debemos hacer para evitar estos conflictos legítimos por el desarrollo de nuestras comunidades ?.
Las respuestas son variadas. Se requiere un Estado con normas de uso claras, que fiscalice el ejercicio de derechos y extracción, y que invierta en obras de acumulación, distribución y aplicación de riego. Se requiere de empresarios conscientes (agricultores, mineras, industria y sanitarias) que mejoren la eficiencia en el uso del recurso hídrico y adapten cultivos a la nueva realidad climática. Se requiere una sociedad civil que toma conciencia respecto del uso y valor estratégico de este recurso para el desarrollo de nuestra región.
Es aparentemente fácil. Pero claramente existen posiciones políticas en conflicto por la defensa de sus intereses.
Estos conflictos surgen por la propiedad de los derechos de agua (bien nacional de uso público y/o cesión gratuita de derechos para uso privado, incorporal, móvil, apropiable y comercializable), los niveles de fiscalización estatal a extracciones ilegales de agua –especialmente extracción subterránea en varias cuencas-, la utilización de derechos de agua originalmente agrícolas (con factor de uso 20%) utilizadas para la producción industrial –por ejemplo minera- (con factor de uso 100%), la prioridad del uso del agua (uso para la bebida, producción de alimentos y uso industrial) y la preocupación por eventuales fuentes de contaminación ambiental.
Nuestro país se ha embarcado en una reforma legal, institucional y normativa que requiere seriedad en su análisis. La gobernabilidad del agua es precaria y los conflictos nacionales así lo explican. Reconocido el déficit hídrico proyectado, debemos reconocer que aumentará la conflictividad socioambiental.
La escasez hídrica permanente demanda un esfuerzo estratégico porque no sólo es una cuestión hidrológica, jurídica o financiera. Es un desafío científico, de innovación tecnológica, ciudadano y de subsistencia para todas nuestras comunidades rurales.
Por este motivo, lejos de caricaturizar posiciones políticas, es necesario sentarse a conversar en serio sobre uno de los factores del desarrollo más importante de la Región de Coquimbo. Y si la capacidad del Estado para regular los conflictos está amenazada (la gobernabilidad), debemos abrirnos a incorporar a todos los actores involucrados para lograr balances hídricos positivos. Nuestras nuevas generaciones lo agradecerán.
