Corte de Apelaciones ratifica que alcalde de Paihuano no podrá acercarse al municipio
Se mantuvieron las cautelares que aplicó el Juzgado de Garantía de Vicuña, el cual ordenó al edil realizar su trabajo vía remota, prohibiéndole acercarse tanto a las dependencias municipales como a la funcionaria que lo denunció por presunto abuso sexual.
La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, en un fallo dividido, confirmó las medidas cautelares impuestas al alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, en el marco de la investigación por un presunto delito de abuso sexual contra una funcionaria municipal. La formalización del jefe comunal se realizó el pasado jueves 3 de julio en el Juzgado de Garantía de Vicuña.
El tribunal de alzada respaldó la resolución del juez de garantía, señalando en su fallo emitido ayer que “las medidas cautelares son herramientas de carácter procesal”, y que su aplicación está determinada por el riesgo actual e inminente de violencia de género, más allá de la fecha en que ocurrieron los hechos investigados.
“El objetivo de estas medidas no es sancionar un hecho pasado, sino proteger a la víctima de un daño futuro y asegurar el resultado del proceso judicial”, se lee en el documento.
Entre las medidas confirmadas se encuentra la prohibición del ingreso del alcalde Ahumada a la Municipalidad de Paihuano y todas sus dependencias, debiendo ejercer sus funciones por medio de teletrabajo mientras dure la investigación, cuyo plazo fue fijado en 120 días. El tribunal dejó constancia de que esta modalidad no constituye abandono de funciones ni afecta el ejercicio del cargo.
Asimismo, se le prohibió al edil acercarse a la denunciante, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como mantener cualquier tipo de contacto con ella, ya sea en persona, por teléfono, correo electrónico o redes sociales. También se decretó el resguardo de identidad de la víctima y su entorno, además de arraigo nacional y prohibición de portar armas de fuego.
Durante los alegatos en la Corte de Apelaciones, el abogado defensor del alcalde, Carlo Silva, cuestionó la proporcionalidad de las medidas. “Entendemos que cualquier medida como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima podría ser suficiente, y estamos abiertos a cumplirla. Pero prohibirle ejercer su función pública desde su oficina nos parece una medida injustificada”, señaló.
Silva sostuvo que podrían haberse adoptado otras medidas menos restrictivas, como un reordenamiento físico dentro del municipio: “Podría ingresar por una puerta trasera o cambiar su oficina a otra parte del edificio. Es totalmente viable”.
Por su parte, la abogada querellante, Bianca Pfeng, valoró la decisión judicial, señalando que las medidas se basaron en la resolución del juez de garantía, los antecedentes de la investigación y las normas de la Ley de Violencia de Género. Destacó que gracias a estas medidas, su representada “el 7 de julio pudo -después de casi dos años- reincorporarse a su trabajo”.
El caso continúa en etapa investigativa bajo reserva de identidad de la víctima, mientras se desarrollan diligencias en torno a las acusaciones que pesan sobre el jefe comunal.
